Río Negro participó en la elaboración del documento sobre el Acuerdo Federal Minero

El secretario de Minería de Río Negro, Juan Pablo Espínola, participó en la confección de la propuesta de Acuerdo Federal Minero que fue elevada ayer al Poder Ejecutivo Nacional y a las gobernaciones provinciales para su consideración final y firma.

“El documento refleja el trabajo realizado durante el último año, con reuniones mensuales que contaron con la activa participación de todas las provincias que integran el Consejo Federal de Minería (COFEMIN)”, manifestó Espínola, quien estuvo en Buenos Aires durante los días que llevó la confección de la propuesta.

El COFEMIN fue el ámbito natural para lograr el fortalecimiento institucional del vínculo entre las Provincias y la Nación, tomando como base la unión, el diálogo, el debate y el consenso para elaborar la base de una Política de Estado equilibrada que concilie los aportes que una minería responsable puede hacerle al país en su conjunto y a las regiones en las que se desarrolla.

La intención es aplicar en las comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso, estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación de la casa de todos.

Al último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los gobernadores provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de una política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma, ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que sólo los marcos legales ofrecen.